Periodismo: Temario Derecho Información (2ª Parte)

<- 1ª Parte –

2ª PARTE: Parte declarativa de la Constitución
Estructura y principios constitucionales

1) La Constitución. Concepto.
Definición de constitución: es el cauce de expresión jurídica del orden político de la sociedad, que debe ser igualitario (no puede haber órdenes políticos distintos), libre (los ciudadanos, directamente o por representantes, deben determinar su contenido) y seguro (la Constitución prevé los mecanismos de ejecución de la ley dependientes de la voluntad popular). Cauce que asegura la autodirección política de la sociedad. La constitución siempre llega a la igualdad. La libertad es la consecuencia también de la igualdad, ya que con el sistema constitutivo ningún individuo se impone a otro.
La unidad del ordenamiento político y jurídico, a la entrada (el Estado tiene que ser la expresión política única de la sociedad), y a la salida (la voluntad general de la sociedad, la ley aprobada por el Parlamento es la referencia de todos los poderes del Estado) es exigencia de la igualdad.
La legitimación del Estado por la sociedad, en su origen y en su ejercicio es exigencia de la libertad.
Objetivo de la Constitución: garantizar la autodirección política de la sociedad mediante los derechos individuales (orden de la igualdad y la libertad de los individuos en sus relaciones políticas o públicas) y la división de poderes (combinación de ambos).
En un estado constitucional todos podemos prever las consecuencias de nuestras actuaciones y en ello precisamente radica la idea de seguridad jurídica. Son los tres fundamentos de la constitución.
La unidad en el ordenamiento jurídico garantiza que todos somos iguales ante la ley. No existen privilegios (la inviolabilidad parlamentaria afecta directamente a las libres decisiones de los representantes del pueblo en el ejercicio de su función pública). La legitimación del Estado es provocada por el pueblo, por la libertad de los ciudadanos. El objetivo de la constitución no es otro que autodirigir la sociedad con la división de poderes y los derechos fundamentales (dos de los conceptos principales de la constitución).

2) Estructura de la Constitución
1.1.-Preámbulo
1.2.-Parte declarativa
a) Título preliminar
b) Título I: la declaración de derechos
1.3.-Parte orgánica: fuentes y órganos del Estado
1.4.-Título X

3) Características esenciales y principios informadores
3.1.- Norma jurídica fundamental y superior que vincula a los ciudadanos y a los poderes públicos (art. 9.1 CE). Supremacía de la Constitución sobre todos los poderes constituidos. La actuación de estos será regular en la medida en que se adecue a la Constitución. Sus actos pueden ser controlados y anulados si no se adecuan a lo que establece la Constitución. La Constitución es la norma jurídica superior.
No sólo los ciudadanos están sujetos a la Constitución, sino que los poderes públicos han de atenerse también a ésta. (Cláusula del código deontológico del periodista que habla de procurar que los poderes públicos cumplan con sus funciones).
3.2.- La constitución es también la norma superior del ordenamiento, por encima de la ley: rigidez y justicia constitucional como garantías. El carácter jurídico de la Constitución deriva de las garantías constitucionales (reforma constitucional y control de la constitucionalidad). La reforma es el Prius lógico e histórico del control de constitucionalidad de la ley. Para que tenga razón de ser el control de constitucionalidad de la ley como garantía es necesario que nos encontremos ante una constitución con fuerza de norma jurídica, y para ello es necesario, a su vez, que la Constitución sea considerada como norma distinta a la ley y que se reforme por un procedimiento distinto al legislativo ordinario.
La reforma es la garantía extraordinaria. El control de constitucionalidad es la garantía ordinaria, que se pone en práctica cada vez que hay una controversia que exige interpretar la Constitución y comprobar si la ley es conforme con la Constitución. Sólo se debe acudir a la reforma cuando existe un problema que requiere una solución y esta solución no es posible mediante la interpretación de la Constitución.
Que la constitución sea la norma superior del ordenamiento y esté por encima de la ley es algo que parece en principio algo básico, sin embargo, ante lo ocurrido en Alemania con la llegada democrática de Hitler al poder, a pesar de que todos los estados poseían su constitución no se la tenía como algo fundamental. Fue entonces cuando se buscó algo más que la democracia para asegurar la constitución. Es entonces cuando surge la justicia constitucional como garantía de cumplimiento de la constitución. Por la necesidad de asegurar que la mayoría cumple la constitución se crea la justicia constitucional. Es así como la norma superior del ordenamiento otorga a la constitución rigidez y justicia constitucional como garantías.

3.3.- Definición del Estado y consecuencias: art. 1.1 CE
a) El Estado social y democrático de Derecho: art. 1.
Fórmula de origen alemán y de carácter compuesto. Unión de Estado democrático de Derecho más Estado social de Derecho. El problema es cómo articular los dos elementos de los que se compone la fórmula.
El artículo número 1 de la Constitución se define a España como un “Estado democrático de derecho” y como un “Estado Social”. Se dan cuatro elementos que surgen a lo largo de la evolución histórica del Estado constitucional:
1) Reconocimiento de derechos para que se produzca el Estado Democrático de derecho. En un primero momento, los derechos ciudadanos fundamentales (ciudadanía, nacionalidad), libertad civil (protección de la libertad personal, de religión, de conciencia, de residencia, de contratación, de elección de actividad económica, etc.), igualdad jurídica, propiedad, libertad de prensa, independencia y exclusividad jurisdiccional. En sucesivas etapas se incorporarán derechos políticos, como los de reunión, asociación y sufragio universal, y derechos sociales, como el derecho a la educación, derechos en el mundo de las relaciones  laborales (huelga, por ejemplo) y principios de política social.
Tras las revoluciones para acabar con el Antiguo Régimen se reclama un derecho fundamental como es el derecho de voto.

2) La ley: toda intervención en los derechos de los ciudadanos debe ser acordada mediante ley, que es una norma general, producida con el consentimiento de la representación de la sociedad reunida en las cortes y aprobada mediante un procedimiento caracterizado por la discusión y la publicidad. Cualquier medida que afecte a los ciudadanos tiene que adoptarse mediante ley, es decir, en el Parlamento (el único órgano que realmente representa directamente a los ciudadanos).

3) Control jurídico de la actuación de la Administración pública: elemento que comienza a partir del último tercio del siglo XIX y que da lugar a la jurisdicción contencioso-administrativa. Se trata de lograr que la Administración actúe conforme a los principios del Estado de Derecho y de que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos adquiridos por vía legal frente a la Administración o poder ejecutivo (Lorenz von Stein). La administración está sometida a la ley y al control de los tribunales de justicia (jurisdicción contencioso-administrativa).

4) Idea del principio democrático: en un estado constitucional todo el poder emana del pueblo. A partir de la I Guerra Mundial Estado de Derecho y Estado Democrático se convierten en términos idénticos. El artículo 1.1 se debe leer en conexión con el 1.2.

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EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
El estado se encarga de suministrar servicios para cubrir las necesidades de los ciudadanos (estado de bienestar). Históricamente, conforme los sectores más desfavorecidos ascienden a la cúspide del poder (tras la I Guerra Mundial) el estado interviene en la provisión de derechos sociales para los ciudadanos, es decir, paliar las situaciones de necesidad de los mismos. En sus comienzos, el Estado constitucional sólo fue representativo de una parte de la sociedad, por la restricción del sufragio o la manipulación electoral. Es un Estado oligárquico, cuyas funciones se reducen a mantener el orden público que interesa a las clases que dominan la vida política del Estado (Estado policía, Estado represivo). Desde finales del siglo XIX, la acción de los partidos socialistas y la extensión del sufragio hacen que el Estado deba dar cabida a los intereses de sectores sociales antes excluidos de la vida política. Se convierte en un Estado básicamente proveedor de servicios sociales.
El Estado sigue siendo un Estado de Derecho, garantista del individuo, pero también es un Estado Social, comprometido con la promoción del bienestar. El estado social es una consecuencia del proceso de democratización del Estado, ya que el Estado tiene que dar una respuesta a las demandas de todos los sectores de la sociedad.
La combinación de las cláusulas de Estado democrático y Estado social hace que haya que construir un compromiso entre la garantía de la constitución económica de la sociedad (el desarrollo de las relaciones económicas en el mercado a través de las relaciones libres entre los ciudadanos en el plano económico) y la producción de sociabilidad.
Concreciones de la fórmula de Estado Social: art. 9.2 (es el principio fundamental), art. 33.2 (referencia a la función social de la propiedad privada y la herencia), Capítulo III del Título I (principios rectores de la política social y económica que sintetizan la acción social del Estado: art. 39 a 52), arts. 128 a 131 (técnicas de intervención del Estado en la economía, con referencias a la subordinación de toda la riqueza, cualquier que sea su titularidad, al interés general, y a la posibilidad de llevar a cabo la planificación de la economía). En la jurisprudencia del TC: posición preferente del derecho de huelga (STC 11/1981), irreversibilidad de con
Un elemento muy importante para que estas medidas sociales puedan llevarse a cabo es necesario dinero público en el que invertir. En la constitución se garantiza el bienestar de los ciudadanos, pero no se establece cómo, precisamente por ello, este derecho depende de la opción política que haya alcanzado el poder.

B) La forma política del Estado: la Monarquía Parlamentaria.
En esta fórmula semántica creada para nuestra constitución, lo relevante realmente es el Parlamento, que es el que lo designa y lo diferencia de los demás países. Es una monarquía parlamentaria porque el poder constituyente quiso que así fuera y así se legitima.
Los poderes del estado, además de tener legitimidad de origen, han de ser legitimados periódicamente. Pero la monarquía es una institución honorífica y simbólica y el rey no tiene funciones de gobierno. El rey no tiene maniobra de decisión, aunque tiene funciones debidas (que no puede eludir).

C) Unidad del Estado y descentralización político-territorial.
Éste fue realmente el caballo de batalla de la constitución, porque existían dos posibilidades (estado federal o estado centralizado). Al final se adoptó una forma salomónica que no da solución real al conflicto, sino que deja abierta la duda. La autonomía aparece para definir a las nacionalidades y a las regiones (una separación que se hizo para contentar a unos partidos enfrentados). Pero realmente en la Constitución no se establece el número de comunidades autónomas y esto resultó ser un problema para las comunidades autónomas que no fueron históricamente llamadas naciones. Tras la Constitución, automáticamente País Vasco, Cataluña y Galicia se constituyen en Comunidad Autónoma, pero Andalucía también inició su proceso de autonomía por la vía rápida (artículo 151).
La autonomía no implica soberanía, ya que ha de ejercerse según los principios de unión de la Constitución. El artículo 2 reconoce dos principios: igualdad y solidaridad.

D) El Estado “integrado” las autolimitaciones de la soberanía en la comunidad de Estados.
a) La soberanía de la Constitución como límite
El estado español no puede contraer obligaciones que vulneren la Constitución (por ejemplo limitar sin juicio alguno la libertad de circulación de un individuo acusado de terrorismo, sin que haya pasado por el juzgado).

b) De la soberanía limitable a la soberanía limitada
El artículo 93 permite al estado español ceder parcelas de su soberanía (a la Unión Europea).

c) La incidencia del Derecho Internacional en la interpretación de los derechos fundamentales (Art. 10.2).
El Convenio Europeo de Derechos Humanos es un tratado europeo que garantiza los Derechos Humanos y al que han de acogerse los tribunales españoles.

E) Las señas de identidad del Estado
-Función identificadora del Estado hacia el exterior e integradora de la sociedad en el interior
-Marcado por la influencia del Estado autonómico. Lengua y bandera: arts. 3 y 4 CE.
-El escudo de España: Ley 33/1981, de 5 de octubre
-La capital del Estado: art. 5 CE

3.4.- Valores superiores reconocidos en la Constitución
a) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político
b) Seguridad jurídica y responsabilidad de los poderes públicos
c) Dignidad de la persona y derechos inviolables

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El Tribunal Constitucional considera laicidad positiva:

Aunque no está explícitamente nombrado en la constitución, el Tribunal Constitucional deduce un principio de laicidad a través de la separación aunque no la indiferencia de la religión dominante. Estado Confesional implica que el gobierno pertenezca directamente al ámbito religioso y por lo tanto no es lo mismo que Estado Aconfesional.
El problema de la cooperación con la religión es que ésta es asimétrica porque con los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, implica un estatuto jurídico de privilegio de la Iglesia Católica. No se ajusta al artículo 9.2 y contradice la lógica del principio de igualdad. (Sentencias del Tribunal Constitucional de Guardia Civiles en procesión)

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